"De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto". Ruy Barbosa de Oliveira, político, diplomático y jurista brasileño (1849-1923)
El Gobierno tucumano termina 2010 con una buena noticia para las finanzas de la provincia y recibe 2011 confirmando uno de los más terribles presagios acerca de la moral estatal.
La "buena nueva" del alperovichismo es haber conseguido facilidades para devolverle a la Nación los muchos millones de dólares que el laudo del Ciadi dice que hay que pagarle a la multinacional Vivendi. Es la indemnización para Aguas del Aconquija (subsidiaria de la firma francesa), corolario de un ignominioso capítulo de la historia reciente local. A modo de síntesis: comenzó con la escandalosa privatización del servicio de agua potable y cloacas; siguió con los tarifazos a cambio de obtener agua marrón del grifo; continuó con la rescisión de la concesión; y se prolongó con los pleitos que empezaron exitosos para el Estado; y su fin comenzó con la posterior decisión del mirandato de, simplemente, abandonar esos procesos.
Hoy, la Casa Rosada reza un rosario de chicanas jurídicas contra lo resuelto por el tribunal con sede en Washington, con la finalidad (nada menor) de aplazar cuanto más pueda el pago de lo que el ministro de Economía, Jorge Jiménez, calcula que son U$S 200 millones. Pero va a haber que pagar y por eso es que el kirchnerismo ha resuelto darle anticipadamente a la provincia una financiación a 15 años (y con una tasa bajísima), que se activará a los 60 días de la fecha en que se abone el resarcimiento.
Se trata esta vez de un logro alperovichista porque la situación es diferente de la -cuanto menos- dudosa refinanciación integral de la deuda pública. Esa operación consistió en reprogramar a 20 años el pago de $ 3.500 millones a cambio de que la Provincia renunciara a reclamar una suma similar que el kirchnerismo le adeuda, a la vuelta de siete años, por retenciones indebidas y por impuestos mal coparticipados. Desde Casa de Gobierno dijeron que era un acontecimiento histórico: habrá que reconocer que no todos los días se ven cosas así.
Con la deuda que implica el laudo del Ciadi, en cambio, el oficialismo consiguió que una amenaza agigantada por gobiernos anteriores fuera amortiguada para las gestiones venideras, gracias a que el Gobierno federal se hará cargo de un multimillonario lastre tucumano. Tan distinto es un caso del otro que, precisamente, cuando se celebró la mentada refinanciación global del pasivo provincial, el acuerdo fijó específicamente que lo que debiera pagarse a Aguas del Aconquija quedaba afuera de la negociación y corría por cuenta de Tucumán. ¿Por qué tan repentina generosidad? No por las fiestas: lo que parece salirle barato a los tucumanos, puede costarle caro al alperovichismo. Y por adelantado.
A cambio de la "buena nueva", el gobernador que tan disimuladamente había empezado a despegarse de la pingüinera, nuevamente tendrá que meter los dos pies en el plato K. En términos diplomáticos, Cristina quiere que José Alperovich tenga con ella la misma relación que con Néstor. En términos peronistas, a subordinarse y a unificar elecciones si se adelantan los comicios federales, le convenga al mandatario o no. Eventualmente, el oficialismo vernáculo deberá hacerse cargo del lastre electoral kirchnerista.
Ahora bien, esta transacción consistente en la posibilidad de nacionalizar los comicios vernáculos a cambio de menos asfixia financiera tampoco encarna una tragedia para el Gobierno. Y esto es así no tanto porque la oposición siga prometiendo reaccionar después de las vacaciones (muchos de sus referentes necesitan descansar tras un año en que se esforzaron denodada y exitosamente por no enfrentar al oficialismo) como por el hecho de que el alperovichismo sabe -y mucho- de trueques onerosos. Al fin y al cabo, es el gestor de la obra pública de bajo impacto más cara de los últimos tiempos: el valor a entregar a cambio del cordón cuneta fue la calidad institucional.
Justamente, la profundización de la democracia pavimentadora, y de su modelo de precarización republicana, es la mala noticia con que comenzará 2011.
Alergia al mérito
Al final, no era que esta gestión había abolido la meritocracia. En realidad, lo que había decidido era perseguirla. Y hasta las últimas consecuencias. Lo formalizó cuando decidió que Carlos Eduardo López, el abogado que ganó el concurso de antecedentes, oposición y entrevista del Consejo Asesor de la Magistratura para cubrir la Fiscalía de Instrucción de Monteros, no ocupará ese cargo. Y no lo hará porque no. Esa es la respuesta oficial dado que la de Tucumán es una democracia donde la ley le permite al gobernador apartarse del orden de mérito (palabra alergénica para la Casa de Gobierno) sin dar explicaciones. Ese asunto es una cuestión central: es el Ejecutivo el que debe escoger de entre los tres seleccionados que le eleva el CAM y designar a uno, y no debe coartarse esa facultad. Pero en la república, si el Gobierno va a despreciar al primero de una terna surgida de una evaluación, alguna razón debe dar a los gobernados. Sin embargo, las autoridades no le pidieron normalidad a Papá Noel. Mucho menos, algo de razonabilidad a las leyes,
La razón extraoficial no es mejor alternativa. Por asombroso que resulte, que López haya sido secretario de la Fiscalía Anticorrupción durante el mirandato no es un buen antecedente sino más bien un prontuario: haber trabajado ayer en la investigación de delitos en perjuicio del Estado le significó perder el puesto que ganó hoy. Peor aún: como su trabajo fue asistir en la instrucción de causas que involucraron al gobernador (o a su esposa en la "Causa PIBE"), no importó que rindiera exámenes y terminara primero.
Durante los años en que López cumplía esas tareas, hubo despachos donde desde los fiscales hasta sus empleados protagonizaron escándalos nacionales, como el caso de las camionetas 4x4 robadas que circulaban con documentación judicial falsa, que se vendían en el mostrador como si fueran fiambres. López, en cambio, no tuvo denuncias por obstaculizar una pesquisa o traficar influencias o incurrir en ilícitos para frustrar un expediente y beneficiar a un funcionario durante ese Gobierno que creó centenares de nuevos ricos y mató de hambre a dos docenas de niños pobres. Y eso profetiza ya no un futuro sino un presente alarmante para Tucumán. Si López hubiera sido un secretario judicial pro-corrupción, ¿entonces sí hubieran mandado su pliego a la Legislatura?
Oscar Wilde maldijo a la humanidad advirtiendo que un hombre es, en cada instante de su vida, todo lo que fue y será. ¿Qué es, exactamente, un Gobierno de hombres que castigan al que cumplió con su deber precisamente por hacer lo debido?
Eso sí, este Gobierno que no da razones no es un Gobierno de la sinrazón. Por el contrario, lo que hace persigue un fin largamente meditado: el perverso mensaje de un escarmiento. Por ejemplo, para el vocal de la Corte que a fines de la semana pasada invitó a López a su despacho para felicitarlo personalmente: si había terminado primero en el concurso, asumiría como fiscal y sería valioso: este año, para el caso, López fue quien detectó y destapó el lucrativo negocio de los oficios truchos para liberar presos.
También es una misiva para resignificar unilateralmente al CAM y degradarlo: su opción pareciera ser pronunciarse o asumirse como maquillaje para darle perfil de legitimidad a la arbitrariedad del poder. Porque si va a dar lo mismo el primero que el segundo o que el tercero, entonces habrá que revisar si vale la pena seguir numerando la posición en que terminaron los concursantes: dado que poco importa, a los ternados podrían asignarles colores, por ejemplo. Por cierto, hay muchos silencios. Como el del Centro de Funcionarios Judiciales: López es hoy el secretario del Juzgado de Instrucción de la V Nominación. Y como el del Colegio de Abogados, que es toda una novedad. Cuando corrió el rumor de que podrían surgir objeciones contra Guillermo José Acosta (asumirá como juez de Instrucción en Concepción) porque es mayor de 60 años, la institución salió en su defensa.